Desde el pasado año el Ayuntamiento de Gijón está trabajando en un conjunto de actuaciones encaminadas a impulsar los servicios electrónicos ofrecidos a la ciudadanía, actuaciones que se están implantando de forma progresiva. Para regular las bases sobre las que se asienta la nueva Administración Electrónica se ha redactado una ordenanza en la que se recogen una serie de nuevos instrumentos para ampliar el acceso a estos servicios. Tras su aprobación inicial en el Pleno del pasado mes de noviembre y de la fase de exposición pública en la que no se presentaron alegaciones, el texto fue aprobado definitivamente en la sesión plenaria del mes de febrero.

La nueva ordenanza crea el registro electrónico, la sede electrónica, el tablón de anuncios electrónico, la gestión electrónica de procedimientos y la utilización de firma electrónica en la tramitación administrativa.

La creación del registro electrónico permite la presentación, durante las 24 horas del día, de cualquier tipo de solicitud, escrito o comunicación necesarios para la iniciación de un procedimiento, así como la aportación de la documentación que se pudiera requerir durante su tramitación.

Además, en la página Web municipal se ha configurado la sede electrónica que cuenta, entre otros instrumentos, con el tablón de anuncios o edictos electrónico para la publicación de actos administrativos y comunicaciones, evitando tener que desplazarse a las dependencias municipales para su consulta.

La ordenanza contempla también la aplicación de mecanismos para la realización de notificaciones electrónicas, la gestión electrónica de procedimientos y la firma electrónica de documentos cuyo despliegue en el conjunto de la administración municipal se está llevando a cabo de forma progresiva y que durante los próximos meses permitirá una reducción en los tiempos de las tramitaciones y la posibilidad de que los interesados puedan consultar, desde la página Web municipal, la situación en la que se encuentra cada expediente.

Por otra parte, la digitalización certificada de los documentos, eliminando progresivamente el soporte papel, supondrá una gran reducción del impacto ambiental de la tramitación administrativa.

La ordenanza regula también los mecanismos necesarios para que las relaciones de la ciudadanía con el Ayuntamiento gocen de la máxima seguridad jurídica con la aplicación de la firma electrónica reconocida (mismo valor jurídico que la manuscrita).